Mientras, colectivos de empresarios y promotores comienzan huelgas de hambre para que la administración les pague lo que les deben y así poder pagar a sus empleados.

Hoy, nos toca de cerca, uno de los derechos fundamentales de las personas contemplados en la Constitución Española se vulneró para 300 familias que, tras tres años pagando nunca verán su vivienda.

Una filial de Pryconsa fue la encargada de la promoción, formalización de los préstamos, el plan de pagos y la gestión de la construcción de unas 500 casas.

Los préstamos formalizados se establecieron en un plan de pagos que cada familia debía cumplir anualmente, del que se han pagado 17 millones de euros.

El pasado mes de enero Pryconsa reunió a las familias para explicarles que el dinero se esfumó y la obra se había paralizado ofreciéndoles como salida comprar las viviendas a precio de mercado  para lo que algunas familias han tenido que solicitar otro préstamo. Un caso dramático.

De esta forma tan cruda explican los gestores de Prygesa el drama que viven las 300 familias que componen la cooperativa afectada.

Las familias han perdido todo lo que pagaron desde hace tres años, ahora no se concede nueva financiación y el valor del suelo se ha reducido a la mitad desde que adquirieron.

Por este motivo han convocado una manifestación en Madrid donde exigirán la devolución del dinero invertido.

La empresa se hace responsable pero dice que no tiene el dinero. Una vergüenza que muestra una vez más quienes son los más damnificados de esta crisis.